El Servicio Jesuita a Migrantes denuncia las hostilidades que sufren las personas internadas en los CIE

El informe anual del Servicio Jesuita a Migrantes sobre la situación en los Centros de Internamiento de Extranjeros en España denuncia tres formas de hostilidad: agresiones policiales a las personas internas y trabas a su denuncia e investigación; deficiencias en la atención médico-sanitaria; y obstaculización en las visitas de las organizaciones sociales.

El SJM denuncia además, el tratamiento político de los CIE: desde la opacidad del Ministerio de Interior al no entregar los datos requeridos dentro del plazo, incumpliendo la Ley de Transparencia, hasta la construcción de un nuevo centro en Algeciras que demuestra la apuesta institucional por estos espacios.

El informe, con el título "Territorio Hostil", se ha presentado en Barcelona este martes 7 de junio, en un acto que abrió por María del Carmen de la Fuente, coordinadora de SJM y directora de la Fundación Migra Studium. Ha denunciado la opacidad creciente que rodea a los CIEs y que "hace posible que la Dirección General de Policía, nuevamente, no facilite los datos solicitados en el portal de transparencia". De la Fuente ha resaltado la labor de los equipos que acompañan de forma humana a las personas que están internas en los centros. Una tarea que permite detectar situaciones de vulnerabilidad y vulneraciones de derechos.

Josetxo Ordóñez, abogado de la Fundación Migra Studium, coordinador del grupo de visitas del CIE de Barcelona y coautor del informe ha centrado su atención en los obstáculos en las visitas de las organizaciones sociales: “Hablamos de un derecho fundamental con doble cara: derechos de los internos a hablar con entidades sociales y el de las organizaciones a acompañar estas circunstancias y denunciar lo que ocurre dentro de los centros”. Por su parte, Ana Bosch, abogada en Pueblos Unidos (Madrid) y coautora del informe, ha destacado las quejas de los internos sobre el trato violento que reciben en los centros: “Sienten que al entrar en el CIE pierden toda dignidad, hemos sido testimonios de actuaciones y medidas que vulneren la integridad de las personas internas”.

La mirada del voluntariado que visita estos centros la ha ofrecido Santi Bolíbar, miembro del grupo de visitas en el CIE de la Zona Franca de Barcelona desde hace 5 años. Bolíbar ha puesto rostro a varias personas internadas durante el 2021 y a quienes han podido acompañar, ya sea con visitas presenciales o telefónicas. Explica cómo ha cambiado la situación en estos centros a raíz de la pandemia, y cómo la opacidad y la arbitrariedad ha aumentado. "Ahora todo son limitaciones y restricciones que ponen en evidencia la hostilidad que el CIE representa hacia las personas migradas".

El informe ofrece testimonios de los internos que sufrieron agresiones y obstáculos para denunciarlas, como víctimas o como testigos: aceleración de su expulsión, presiones y represalias por parte de la dirección y los agentes, o dificultades para pedir pruebas y acceder al buzón de peticiones y quejas. Además, se observa que los servicios médicos no enviaron partes de lesiones a las correspondientes autoridades judiciales. El SJM, a instancias de una recomendación del Defensor del Pueblo, reclama la elaboración de un protocolo de tramitación de quejas y denuncias de malos tratos, así como presenta una serie de sugerencias para investigar con celeridad estas posibles agresiones.

Las carencias de una atención médica adecuada, como la deficiente coordinación entre administraciones para conocer los historiales clínicos, la falta de intimidad en las consultas por la presencia policial, la falta de intérpretes en las consultas, se cronifican en los CIE. A esta realidad se une el régimen de aislamiento en casos de covid, que tiene un impacto negativo en la salud mental de las personas recluidas, ya afectada por el propio internamiento. Por otra parte, las 18 mujeres internadas que el SJM identificó en 2021 sufren una mayor exposición al aislamiento y, por tanto, a la soledad y la vulnerabilidad. De las ocho que solicitaron protección internacional, cuatro vieron admitida a trámite la solicitud.

De nuevo en este informe, el SJM denuncia el tratamiento político de los CIE y la opacidad existente. El Ministerio de Interior incumple la Ley de Transparencia, al no proporcionar los datos solicitados por SJM en el plazo legal. Esto no sólo limita el conocimiento del internamiento, sino que revela hostilidad institucional contra la sociedad civil que vela por los derechos humanos. Además, la construcción de un nuevo CIE en Algeciras-Botaguegos, las obras en el suprimido CIE de Fuerteventura y los recurrentes anuncios de nuevas edificaciones demuestran la apuesta del Estado por estos espacios de hostilidad y de vulneración de derechos hacia personas migrantes. Una revisión en los presupuestos generales revela que la inversión ejecutada para CIE en 2021 fue de más de 7 millones de euros, cifra superada en 2022, por la inversión de 13 millones y medio.

En 2021 disminuyeron las cifras de personas internadas debido a la prevención de contagios por covid, las reformas emprendidas en algunos centros y la imposibilidad de ejecutar expulsiones y devoluciones en los Estados con las fronteras cerradas. Aunque los equipos de visitas observaron el aumento de ingresos de personas con órdenes de expulsión por estancia irregular. Según datos del Defensor del Pueblo en calidad de Mecanismo de Prevención de Tortura, 11 menores de edad fueron identificados en CIE en 2021, así como un total de 626 personas solicitaron protección internacional. Fueron repatriadas forzosamente 832 personas desde CIE, el 23% del total de las ejecutadas en España.

SJM reitera su oposición a la existencia de los centros de internamiento de extranjeros, abogando por el cierre definitivo y la búsqueda de alternativas más garantistas con los derechos humanos. El mismo carácter y funcionamiento de los CIE generan y perpetúan dinámicas de hostilidad hacia las personas migrantes internadas, cuya inmensa mayoría no ha cometido ningún delito, y vulneraciones sistemáticas de sus derechos humanos. Como ha dicho Ordóñez, "El CIE que quieren las entidades de derechos humanos es el CIE cerrado, el CIE clausurado".

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