Ante el desalojo, el pasado miércoles, de unas 400 personas del antiguo instituto B9 de Badalona, sin ninguna alternativa habitacional real ni un plan de realojo digno, las entidades del sector social de los Jesuitas en Cataluña quieren hacer público su posicionamiento.
En el siguiente comunicado, constatamos cómo los hechos de esta semana ponen de relieve la precariedad habitacional, la pobreza, el racismo y la desigualdad de clases, introduciendo discursos de odio y creando una sociedad cada vez más polarizada, y pedimos a las instituciones públicas voluntad política y recursos para responder a la realidad de las personas más vulnerables de nuestras ciudades, barrios y pueblos.
Comunicado de las entidades sociales de los Jesuitas en Cataluña
Badalona, 19 de diciembre de 2025
El miércoles, en el barrio de Sant Roc de Badalona, se sintió y se vivió el dolor de las personas migrantes, fruto de la pobreza y, sobre todo, de una política desvinculada del servicio a las personas más vulnerables. Con la salida del sol, se ejecutó la orden de desalojo del antiguo Instituto B9, donde vivía un número indeterminado de personas (se estima que unas 400), sin ninguna alternativa habitacional real ni un plan de realojo digno, muchas de ellas en situaciones de vulnerabilidad extrema, vinculadas a la falta de recursos, la irregularidad administrativa o la pobreza estructural. Personas que habían encontrado refugio y seguridad ante la falta de acceso a un recurso habitacional digno en la ciudad. Estas personas no vivían en el B9 por gusto, sino como estrategia de supervivencia ante la ausencia de alternativas reales.
Después de muchas semanas de incertidumbre, miedo y sentencias, el miércoles se impusieron la aporofobia y el discurso que deshumaniza a las personas en situación de vulnerabilidad y que las deja sin ningún tipo de respuesta por parte de la administración pública.
Los rostros de las personas que abandonaron el B9 y su estado de ánimo durante la mañana evidenciaban la desolación y la falta de esperanza, ante la incertidumbre de no saber qué sería de su vida esa misma noche. Su fragilidad contrasta con la dureza y firmeza de una administración que no les reconoce ni su existencia ni su dignidad como seres humanos.
El esfuerzo de entidades de la ciudad por acompañar y asesorar a los diversos grupos de personas que llevaban tiempo viviendo en el B9 permitió que el desalojo se produjera de forma escalonada en los últimos días, evitando escenas de violencia ante un dispositivo policial ampliamente desplegado.
La gran ausente, el miércoles, fue la política social: si bien la sentencia judicial que autorizaba la orden de desocupación establecía la obligatoriedad de atención por parte de los Servicios Sociales, esta fue escasa, por no decir inexistente. En la calle, donde estaban las personas desalojadas, no vimos a ningún equipo técnico de ninguna administración pública atendiéndolas. Solo estaban presentes la convicción de las personas concentradas velando por quienes eran desalojados, la preocupación por su integridad o su paradero y la impotencia por no disponer de una alternativa real, en un escenario hostil que se convirtió en el centro de todas las cámaras de los medios.
En Badalona, Goliat, el miércoles, fue excesivamente grande (más que el árbol de Navidad de Gorg) para estos cientos de David.
Por desgracia, este desalojo no es un hecho puntual ni excepcional. Tanto en Badalona como en otros territorios se han vivido episodios como el reciente desalojo del parque Joan Miró y de la Estació del Nord en Barcelona, o el incendio de hace cinco años de la nave industrial del barrio del Gorg de Badalona. Episodios en los que se repite una misma dinámica: expulsar sin ofrecer alternativas, desplazar el problema sin abordar sus causas y convertir el sinhogarismo y la precariedad habitacional en una cuestión de orden público en lugar de una cuestión de derechos de las personas y de responsabilidad social y política.
No son hechos puntuales: ponen de manifiesto la precariedad habitacional, la pobreza, el racismo y la desigualdad de clases, introduciendo discursos de odio y creando una sociedad cada vez más polarizada.
Las entidades sociales tenemos claro que hay que apostar por un sistema que garantice el acceso a derechos básicos, respete la dignidad de las personas, sea cual sea su situación administrativa, y trabaje por la cultura de la hospitalidad y ofrezca espacios comunitarios y de convivencia donde crear vínculos para construir una sociedad más justa.
Por eso exigimos a las instituciones públicas:
- Como respuesta al desalojo del B9 de Badalona:
- La activación urgente de medidas de realojo y de acceso a una vivienda social digna, así como el despliegue de políticas de vivienda inclusivas que eviten desalojos sin una alternativa viable.
- La reapertura del albergue de Can Bofí Vell, recuperando su función como recurso estable de acogida y garantizando su continuidad como parte de la red pública de atención.
- La puesta en marcha inmediata de una Operación Invierno completa y sostenida, activa cada día hasta el final de la estación, con plazas suficientes, servicios básicos (duchas, espacios de estancia y comidas) y una atención digna a todas las personas sin hogar.
- El impulso de un sistema de acogida integral y coordinado, con la reincorporación del Ayuntamiento a la Taula Sense Llar y el trabajo conjunto con las entidades sociales para planificar respuestas estructurales, especialmente para las personas en situación de mayor vulnerabilidad, también en situación administrativa irregular.
- En todos los ámbitos (local, autonómico y estatal):
- Culminar la proposición de ley de medidas transitorias y urgentes para hacer frente y erradicar el sinhogarismo, que todavía se encuentra en proceso de tramitación en el Parlamento de Cataluña.
- El reconocimiento efectivo de los derechos humanos de las personas migradas, incluido el derecho a migrar, y la flexibilización de los procesos de regularización para que no se conviertan en un muro de exclusión en el acceso a la vivienda, el trabajo y una vida digna.
Y, para que esta transformación se convierta en realidad, las entidades sociales de la Compañía de Jesús en Cataluña, como muchas otras entidades de la sociedad civil, seguiremos trabajando para que exista, lo antes posible, una voluntad política explícita y los recursos necesarios dirigidos a las personas más vulnerables de nuestras ciudades, barrios y pueblos. Reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de los derechos de las personas migrantes y vulnerables, haciendo un llamamiento a la solidaridad, a la responsabilidad institucional y a una respuesta humana inmediata.
El sector social de los Jesuitas en Cataluña está formado por cinco entidades que acompañamos, atendemos, servimos y defendemos los derechos de muchas personas de nuestros barrios y ciudades. Dos de ellas, el Centre Sant Jaume y la Fundació Salut Alta, lo hacen en la ciudad de Badalona.
Podéis descargar el comunicado en este enlace.
