Migra Studium denuncia un abuso del internamiento y expulsión de extranjeros

"Se está haciendo una política migratoria basada en el internamiento y la expulsión", lo denunciaba este martes 8 de abril el abogado Josetxo Ordóñez, en la presentación del informe 2013 sobre la situación en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). Ordóñez, que forma parte del grupo de voluntarios de la Fundación Migra Studium que visita el CIE de Zona Franca, asegura que se está abusando del internamiento. Lo demuestra el hecho de que prácticamente la mitad de los internos en el CIE de Zona Franca durante el año 2013 no han sido expulsados y, por tanto, su internamiento no es justificado, ya que el CIE debería recibir sólo personas que tienen dictada una orden de expulsión y están a la espera de que se ejecute.

"Nosotros queremos que se reduzca el número de personas privadas de libertad", explica Josetxo Ordóñez; pero en cambio, la realidad es que el número de internos está aumentando y los voluntarios  encuentran dentro de los centros  personas con situaciones objetivas de enraizamiento. "La tendencia que vemos es de más expulsión, más internamiento y por tanto, más sufrimiento", afirma.

En la misma línea se expresó la abogada del centro Pueblos Unidos de Madrid, Cristina Manzanedo, una de las coordinadoras del informe 2013, que confirmó que dentro del CIE hay muchas personas que no deberían estar, como gente con problemas de salud o con menores a cargo. Entre los datos recogidos en el informe, preocupa el elevado número de internos en los CIE que cuentan con años de residencia y arraigo en nuestro país, pero que no se han podido regularizar o renovar la residencia por haber perdido el puesto de trabajo o no haber conseguido un contrato legal de su empleador. Manzanedo denunció que no se exploran  alternativas al internamiento. La abogada habló también del reglamento recientemente aprobado que regulará el funcionamiento del CIE y que ha sido una de las demandas que han hecho las entidades durante los últimos años, para evitar las arbitrariedades. A pesar de considerar un avance el hecho de disponer por fin de un reglamento, Manzanedo reconoce que cuenta todavía con carencias importantes y que el reto es que realmente se acabe aplicando ya que, de momento, nada ha cambiado.

Las entidades siguen denunciando las precarias condiciones que existen en estos centros, con necesidades muy básicas por cubrir, carencias en asistencia legal y sanitaria, dificultades para poder visitar a los internos y falta de garantías en el respeto a los derechos humanos. Margarita García O'Meany, voluntaria del grupo de visitas reconoce que "la realidad que vemos no nos invita al optimismo”. A través del contacto con los internos, los voluntarios se encuentran con situaciones de vulneración de derechos fundamentales como la limitación de contacto con el exterior, la anulación repentina de las visitas sin aviso ni justificación, la suspensión de tratamientos médicos e incluso denuncias de abusos y vejaciones. "No estamos tratando de manera digna toda una serie de personas que sólo estaban buscando la manera de vivir mejor en nuestro país", lamenta. Ante esta realidad, la presencia de las entidades es todo, para ser testigos y poder denunciar lo que pasa, y también para poder acompañar algunas personas y, en algunos casos, ayudar a mejorar un poco su situación.

Josetxo Ordóñez quiso insistir en la criminalización que se está haciendo de personas que no tienen antecedentes penales, con voluntad de justificar tanto su expulsión como las medidas de control y seguridad durante el internamiento. "Se les quiere mostrar como delincuentes, cuando en realidad son personas pobres".

Durante el año 2013 más de 1.500 personas han pasado por el CIE de Barcelona. El grupo de voluntarios de la Fundación Migra Studium que visita el CIE de la Zona Franca ha realizado un total de 268 visitas para atender 67 internos. En los últimos meses, en este centro se han producido varios hechos que han puesto de nuevo de relieve la opacidad y falta de garantías de los derechos humanos. Los más graves han sido la muerte de un joven armenio el mes de diciembre o los malos tratos denunciados por reclusos durante la noche de fin de año y que actualmente se están investigando.